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ReliefWeb - OCHA Situation Reports: Colombia: Colombia - Desplazamiento masivo y restricciones a la movilidad en Alto Baudó (Chocó) - Flash Update No. 2 (01/03/2016)

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Source: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Country: Colombia

Flash Update No. 2 – Emergencia en Alto Baudó (Chocó)

La presencia de miembros del ELN y del grupo armado posdesmovilización Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como el riesgo de combates entre estos dos grupos armados, ha afectado a 13 comunidades afrocolombianas e indígenas de zona rural del municipio de Alto Baudó (Ver Tabla 1). Hasta el momento se reportan aproximadamente 1.134 habitantes (385 familias) con restricción al acceso a bienes y servicios básicos y 604 personas (138 familias) que desde el 23 de febrero y hasta la fecha están llegando desplazadas a Pie de Pató, cabecera del municipio.
Unas 450 personas desplazadas se están alojando en dos albergues habilitados por la Alcaldía Municipal en la iglesia y en el coliseo municipal, espacios que requieren con urgencia colchonetas, mosquiteros y soluciones en agua, higiene y saneamiento básico. Las 40 personas de comunidades indígenas se encuentran alojadas en un polideportivo y los 104 restantes se encuentran en casas de vecinos y familiares. Entre las personas desplazadas 349 son niños y niñas, el 58% de los afectados. Para esta población se identifican hasta ahora necesidades en todos los sectores, especialmente en protección, albergue, educación en emergencia y seguridad alimentaria. Se tiene información preliminar de familias desplazadas al interior de la cuenca del río Apartadó (afluente del Baudó), al parecer de las comunidades Bocas de León y Cocalito y posiblemente otros desplazamientos intraveredales en zonas del río Baudó. Además, entre el 25 y 29 de febrero 30 afrodescendientes (7 familias) retornaron sin acompañamiento -4 personas, una familia de Puerto Córdoba, y 26 personas, 6 familias de Amparradó-, y se desconoce su estado actual.
La población que permanece en el territorio suspendió sus actividades de medios de vida y las jornadas escolares desde el 28 de febrero, y tienen dificultades para movilizarse a la cabecera municipal y acceder a alimentos y productos de primera necesidad. Estas restricciones al acceso a bienes y servicios básicos podrían convertirse en una situación de confinamiento en los próximos días.1 El transporte fluvial por el río Baudó estuvo paralizado totalmente entre el 23 y el 25 de febrero por riesgos de combates entre los grupos armados, y adicionalmente el nivel actual del cauce restringe considerablemente la navegación. El transporte de alimentos y mercancías continúa restringido ante la presencia de algunos puntos de control de los grupos armados ilegales, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de estas comunidades.
La Alcaldía convocó al Comité de Justicia Transicional el 25 de febrero para definir la respuesta institucional y entregó raciones alimentarias diarias para las familias desplazadas. Sin embargo, las restricciones presupuestales del municipio, sumadas al desabastecimiento de alimentos en Pie de Pató obligaron a suspender las entregas desde el 29 de febrero. El 27 de febrero se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con la presencia de autoridades departamentales, Fuerza Pública, Ministerio Público y la UARIV,2 en el que se asumieron algunos compromisos para apoyar a la Alcaldía, como el despliegue de tropas militares y colaboración en la entrega de ayuda humanitaria inmediata.
Una misión conjunta del Equipo Humanitario Local y la UARIV apoyará a la Alcaldía con la evaluación de necesidades humanitarias desde el 2 de marzo en Pie de Pató y en algunas de las comunidades afectadas. A partir del 4 de marzo la UARIV entregará al Municipio recursos subsidiarios para la atención, principalmente alimentos para las familias afectadas. El Consejo Noruego para Refugiados estará apoyando con distribución de alimentos los días previos a estas entregas. Una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja visita desde el 29 de febrero a algunas comunidades confinadas.
La Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal iniciaron la tomas de declaración de las personas desplazadas desde el 29 de febrero y la Registraduría Municipal está tramitando documentos de identidad, principalmente niños y niñas. Las EPS del municipio adelantan la atención en salud, así como la afiliación al régimen subsidiado de algunas personas desplazadas.


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